España

La jurisprudencia española a menudo no refleja los estándares internacionales de libertad de expresión, lo que ha llevado a condenas indiscriminadas de artistas y la criminalización de la expresión satírica, como sucedió en los casos de Pablo Hasél o César Strawberry. 

Las protestas en Cataluña, que tomaron un vuelco violento, sentaron un precedente peligroso en cuanto al uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes y periodistas que cubrían convulsiones sociopolíticas. Esto se ha visto exacerbado por la introducción de la ‘Ley Mordaza’ de 2015, que limita el derecho de reunión pacífica al establecer reglas rigurosas sobre la organización de protestas e imponer multas a los medios de comunicación que distribuyan imágenes no autorizadas de policías. 

Todos estos elementos contribuyen a un clima sombrío para la libertad de expresión en el país.  

En esta página puede encontrar el trabajo de ARTICLE 19 Europa, donde se documentas y analizas estos desafíos y se aboga por una protección sólida de la libertad de expresión en España.

‘Discurso de odio’

Las medidas contra el “discurso de odio” fueron concebidas para garantizar la protección de grupos históricamente discriminados en la sociedad. Sin embargo, en España las disposiciones penales contra el “discurso del odio” pueden conducir a la censura y la criminalización de discursos legítimos. El artículo 510 del Código Penal no distingue suficientemente entre los diferentes grados de “discurso de odio” e impone sanciones penales que no siguen los requisitos establecidos por el Plan de Acción de Rabat de la ONU en relación con la «intención» y la «probabilidad» de violencia, lo que ayudaría a evaluar una respuesta adecuada. 

ARTICLE 19 Europa sostuvo un diálogo con jueces españoles del  Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de España para fomentar el cumplimiento de la interpretación de los delitos motivados por el odio con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las normas internacionales sobre libertad de expresión. Además, en nuestro análisis de las Directrices para la interpretación de los delitos de incitación al odio en el Código Penal de la Circular de la Fiscalía, destacamos que algunos de los criterios interpretativos proporcionados a los fiscales van en contra de los estándares internacionales de libertad de expresión. Por ello recordamos a las autoridades españolas que el derecho penal debe aplicarse como último recurso y sólo en circunstancias excepcionales.

El uso del derecho penal para regular el discurso de odio puede allanar el camino para una restricción excesiva e innecesaria de la libertad de expresión. A la luz de la creciente necesidad de una guía clara, nuestra “caja de herramientas” analiza diferentes tipos de discurso de odio y sugiere vías para contrarrestarlo de manera efectiva respetando la libertad de expresión.

Consulte nuestros informes y análisis

Incidencia política

ARTICLE 19 Europa contribuyó a plantear estas preocupaciones a nivel nacional e internacional, destacando compromisos críticos para que España pueda cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 

En nuestro trabajo de defensa e incidencia en el contexto de un cambio político, promovimos nuestro análisis a diferentes partidos y entidades gubernamentales. Subrayamos la necesidad urgente de una reforma rápida y sólida de disposiciones clave del Código Penal comúnmente mal utilizadas para restringir la libertad de expresión en el país.  

Los componentes centrales de nuestro análisis también se reflejaron en un conjunto de recomendaciones enviadas por los Estados al Examen Periódico Universal (EPU) del historial de derechos humanos de España, y presentadas a lo largo del ciclo.