Gracias señora Presidenta,
La tercera evaluación de España bajo la EPU se realizó en medio de crecientes preocupaciones sobre la situación de la libertad de expresión en el país. El mes pasado, el Tribunal Supremo condenó al rapero Pablo Hásel a nueve meses y un día de prisión y una gran multa pecuniaria por enaltecimiento del terrorismo e insulto a la Corona, que todavía constituyen delitos penales bajo el Código Penal español. Además, la crisis del coronavirus ha mostrado las deficiencias de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Esta ley ha estado vigente y ha sido aplicada durante los últimos 5 años, utilizada en más de un millón de sanciones propuestas durante el reciente estado de emergencia, basadas en su mayoría en delitos de “desobediencia o resistencia a la autoridad” e infracciones por “faltas de respeto o consideración” a la autoridad.
Nos complace que el Gobierno de España haya aceptado varias recomendaciones para reformar los delitos relacionados con el discurso en el Código Penal y en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y alinearlos con las normas internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, seguimos profundamente preocupados de que España no haya aceptado explícitamente dos recomendaciones para despenalizar la difamación (Luxemburgo y Maldivas).
Instamos encarecidamente al gobierno a que revise su posición, despenalice completamente los delitos contra el honor como injurias y calumnias y los reemplace por recursos civiles apropiados. No se debe proporcionar una mayor protección al honor o reputación a los funcionarios e instituciones públicas, incluida la familia real.
La coalición también insta al gobierno español a reformar rápidamente las disposiciones clave del Código Penal que actualmente se utilizan para restringir la libertad de expresión.
Abogamos por la derogación del delito de «enaltecimiento del terrorismo» y de disposiciones que brinden protección contra el insulto a las religiones y los sentimientos religiosos.
También pedimos la revisión de los delitos de «incitación al terrorismo» para dejar en claro que requieren mostrar la intención y la probabilidad de que tales actos puedan incitar a la violencia.
Los actuales delitos de «discurso de odio» deben derogarse de forma que la defensa del odio discriminatorio que constituya una incitación a la hostilidad, la discriminación o la violencia sea prohibida de acuerdo con el PIDCP.
Reiteramos la urgente necesidad de reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y reemplazarla con una nueva legislación en línea con los estándares internacionales sobre libertad de expresión, reunión pacífica, y protesta. La reforma de la Ley de Transparencia para cumplir con los estándares internacionales debe ser una prioridad: sin información, no hay libertad de expresión.
Instamos al gobierno español a responder de las promesas que hizo en su programa electoral.
Reiteramos la necesidad de que España establezca un diálogo con la sociedad civil en el marco de la implementación de las recomendaciones de la EPU, que lamentablemente se suspendió debido a la emergencia del Coronavirus. En este contexto, las recomendaciones de la EPU relacionadas con la libertad de expresión e información son hoy aún más importantes para ser adoptadas para reforzar la libertad y la democracia en España.
Muchas gracias