Indonesia: Derecho a la información y a la educación

Indonesia: Derecho a la información y a la educación - Transparency

A 3rd grade student of elementary school in Pengerak village is reading a tutorial book in front of the class. ©Center For International Forestry Research/Ramadian Bachtiar

La libertad de expresión e información son fundamentales en la lucha contra la pobreza y para mejorar la vida de las personas. La disponibilidad y accesibilidad de la información promueve la transparencia, garantiza una mejor gobernanza y reduce la ineficiencia y la corrupción. A través del acceso a la información, las personas tienen la oportunidad de mejorar su calidad de vida, participar en el proceso de toma de decisiones en temas que les afectan así como exigir la rendición de cuentas por parte de sus líderes.

En Indonesia, los padres de alumnos pobres y marginados utilizaron la Ley de Libertad de Información para exigir que las escuelas rindieran cuentas del uso que hacían de sus fondos. Esto les permitió exigir el derecho a una educación de calidad.

El desafío

Existen marcadas diferencias regionales con respecto a la consecución de las metas en materia de educación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las zonas remotas y pobres van rezagadas. En 2005, el gobierno puso en marcha reformas económicas en el ámbito educativo para abordar estos problemas. Las reformas pretendían ofrecer incentivos para que las escuelas mantuvieran el nivel de escolarización y lo aumentaran, y les otorgaron una mayor influencia a la hora de decidir cómo se gastaban los fondos para hacer frente a las necesidades locales.

Sin embargo, los estudios realizados indican que la falta de acceso a la información ha menoscabado considerablemente la eficacia de estas reformas. Muchos padres no son conscientes de las decisiones que se toman y que podrían afectar a sus hijos. Con frecuencia, las escuelas no comunican de manera proactiva la información relacionada con los presupuestos o el uso de los fondos. La falta de transparencia y de supervisión pública significa que no se controla la posible malversación o asignación indebida de los fondos educativos.

La relación entre el acceso a la información y la educación de calidad

ARTICLE 19 trabajó con PATTIRO, nuestro socio en Indonesia, para empoderar a las comunidades locales a través de uso de la Ley de Libertad de Información de 2010. El objetivo era obtener información sobre las ayudas a la educación y participar en la toma de decisiones y el control del uso de los fondos educativos. El proyecto iba dirigido a padres de los distritos pobres de Lebak y Serang, en la provincia de Banten, que ha quedado atrás en cuanto a los indicadores de la educación y su posición en el índice de desarrollo humano.

Se les enseñó a 89 padres de los dos distritos a utilizar la Ley de Libertad de Información de 2010 para obtener información sobre la financiación educativa que afectaba a sus hijos. Como consecuencia de sus solicitudes de información, los padres pudieron analizar la situación económica de las escuelas. Los grupos verificaron el presupuesto para la compra de bienes y servicios y lo compararon con el coste real de esos bienes y servicios. También hicieron un análisis comparativo de la calidad de los bienes y servicios para conocer la relación calidad-precio.

El resultado: «extraordinario»

Los padres informaron de sus conclusiones a los comités escolares locales. Habían detectado anomalías en el uso de los fondos y comunicaron su intención de seguir solicitando información e informando sobre futuras anomalías a las autoridades.

Las solicitudes de información también lograron unos resultados más inmediatos para personas concretas. Por ejemplo, los padres que nunca habían recibido ayudas escolares pidieron a las escuelas que explicaran los criterios utilizados para decidir quiénes recibirían subvenciones para el pago de las matrículas y los uniformes. Las personas que descubrieron que cumplían los requisitos exigieron su derecho a recibir ayudas de las escuelas.

El proyecto es un excelente ejemplo de la necesidad de información de estas comunidades. Uno de los equipos comentó que después de algunos de los talleres sobre el derecho a la información, se encontraban a padres de otras escuelas esperando en la entrada para informarse sobre cómo podían recibir la misma formación en sus distritos.

Los padres de ambas comunidades afirmaron sentirse «revitalizados» por una sensación de poder y esperanza al exigirles cuentas a las autoridades locales. El equipo de Serang informó de que los resultados de su revisión económica habían sido «extraordinarios». Nunca pensaron que podrían hacer algo para que las escuelas tuvieran que rendir cuentas de su gestión.