Nicaragua: la detención y deportación de un periodista austríaco-estadounidense, muestra de la creciente presión sobre la libertad de expresión

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ARTICLE 19

Article 19, Front Line Defenders Defenders, Freedom of the Press Foundation y Reporteros sin Fronteras (RSF) exhortan a las autoridades nicaragüenses a respetar el derecho a la libre expresión de los periodistas, incluyendo a los reporteros independientes y extranjeros que trabajan en Nicaragua. También las incitan a emprender inmediatamente una investigación independiente y transparente sobre las amenazas de muerte, el acoso y el doxxing (publicación de información personal en Internet, en este caso, la dirección exacta de su domicilio) que sufrió el periodista independiente austríaco-estadounidense Carl David Goette-Luciak debido a su trabajo periodístico en Nicaragua; así como a tomar las medidas necesarias para su protección.

El 1 de octubre de 2018, Goette-Luciak fue detenido arrestado en su casa, en Managua, sin que la policía le informara cuáles eran los cargos de los que se le acusaba. Las autoridades confiscaron su equipo de trabajo, lo interrogaron y luego lo deportaron. Antes de que esto sucediera, Goette-Luciak ya había padecido durante dos semanas una campaña de acoso en línea –con mensajes que incitaban a capturarlo, encarcelarlo o asesinarlo– y doxxing (difundieron en la Red la dirección de su casa). Esto, debido a la cobertura periodística que había realizado sobre la crisis que enfrenta el país. Cuando las autoridades lo interrogaron, le preguntaron si era un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y registraron por la fuerza su equipo electrónico.

Goette-Luciak, periodista independiente, fue a Nicaragua a cubrir los acontecimientos para diversos medios de comunicación internacionales. Desde el 16 de septiembre enfrentó acusaciones falsas, que señalaban que era un agente de la CIA y que colaboraba directamente con grupos rebeldes locales. Esto provocó que padeciera doxxing y una amplia campaña de intimidación, en la que se incitaba a cometer actos de violencia en su contra. Article 19, Frontline Defenders, Freedom of the Press Foundation y Reporteros sin Fronteras expresan su gran preocupación porque no existe una investigación sobre esta campaña; asimismo, cuentan con elementos para señalar que ésta pudo provocar que las autoridades nicaragüenses lo detuvieran, arrestaran y deportaran. A raíz de esta campaña, Goette-Luciak se vio obligado a cambiar de domicilio para ponerse a salvo.

Los ataques a reporteros continúan perpetrándose con toda impunidad. La deportación de un periodista debido a sus reportajes contribuye a que aumente el clima de miedo y censura, incluso a que se incremente la autocensura.

El 1 de octubre Edison Lanza, Relator Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que «la noticia de la deportación de Carl David Goette-Luciak muestra la realidad de un régimen que marcha inexorablemente hacia la opresión y la censura de todas las voces que van contra sus intereses». Lanza ya había condenado previamente «las amenazas constantes contra la seguridad de los periodistas, la vigilancia y presión política a los medios en Nicaragua», en una nota de prensa. La Oficina del Relator Especial hizo un «llamado urgente» al Estado de Nicaragua «para que cesen esas acciones y garantizar el funcionamiento libre e independiente de los medios en dicho país».

La legislación internacional relativa a los derechos humanos impone a las autoridades nicaragüenses la obligación de proteger a los periodistas frente a cualquier amenaza de violencia. Este tipo de delitos deben considerarse agravantes cuando se cometen para impedir que alguien ejerza sus derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión. Article 19, Front Line Defenders, Freedom of the Press Foundation y Reporteros sin Fronteras han observado que los periodistas extranjeros que abordan temas políticos relacionados con los conflictos internos del país son especialmente vulnerables a la censura, ejercida a través de intimidaciones, acoso y amenazas directas.

El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) impone a los Estados la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión, incluyendo a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. El que estos puedan ejercer su labor –reconocida explícitamente en el Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible– es esencial para garantizar el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales. Los Estados también están obligados a: propiciar que exista un ambiente seguro y favorable para que los periodistas puedan desempeñar su labor de forma independiente y sin injerencias; adoptar medidas apropiadas para impedir actos de violencia, amenazas y ataques a periodistas; promover investigaciones imparciales, rápidas, exhaustivas y eficaces sobre las amenazas de violencia probadas o presuntas, que tengan lugar en su territorio. Los políticos y los representantes del Estado deben abstenerse de estigmatizar o contribuir a la estigmatización de los periodistas o de otros profesionales de los medios de comunicación.

El doxxing y el acoso en línea que sufrió Goette-Luciak constituyen una incitación a la violencia, por lo que deben ser investigados de inmediato. Que el Estado nicaragüense haya detenido y deportado arbitrariamente al reportero es muy preocupante, también deben remediarse.

Recordamos que la Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas (2012) estipula que “los funcionarios estatales deberían repudiar de manera inequívoca los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión”, como los que sufrió Goette-Luciak; establece que los Estados deberían prevenir y prohibir estos ataques, garantizar la protección de las personas que podrían ser perseguidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión; señala que deben “asegurar que los delitos contra la libertad de expresión estén sujetos a investigaciones y procedimientos judiciales independientes, rápidos y efectivos”, así como “asegurar que las víctimas de delitos contra la libertad de expresión tengan acceso a reparaciones adecuadas”.

La intimidación de periodistas no es un fenómeno nuevo en Nicaragua, más el caso de Goette- Luciak pone de manifiesto el aumento de la represión en el país. Desde el inicio de la crisis, en junio de 2018, numerosos periodistas han sido víctimas de intimidaciones, amenazas y actos de violencia. Algunos han sido heridos de gravedad y uno de ellos, Ángel Gahona, fue asesinado cuando cubría una manifestación. El 27 de agosto pasado la cineasta brasileña Emilia Mello fue deportada; la detuvieron cuando filmaba las manifestaciones.

“La campaña en línea contra Carl David Goette-Luciak es sumamente inquietante. Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a investigar quiénes fueron los responsables de estos actos y a garantizar la seguridad de Carl David y de todos los periodistas en sus respectivas actividades”, señaló el portavoz de de Guardian News Media. The Guardian –uno de los principales diarios con los que Goette-Luciak colaboraba– también fue blanco de esta campaña debido a su cobertura de los sucesos en Nicaragua.

Article 19, Front Line Defenders, Freedom of the Press Foundation y Reporteros sin Fronteras reiteran su petición de que se realice una investigación independiente y transparente sobre las amenazas, el acoso y el doxxing que han padecido Goette-Luciak y otros periodistas en Nicaragua; también, de que se garantice que los responsables de estos actos rendirán cuentas ante la justicia, así como la reparación de los daños y perjuicios que sufrió Goette-Luciak. Pedimos al gobierno que asegure la protección de los periodistas y establezca medidas que les permitan informar libre y abiertamente sobre lo que acontece en el país.