El Ministerio del Interior español ha adjudicado un contrato de 12,3 millones de euros (14,3 millones de dólares) a Huawei para gestionar la información obtenida a través de escuchas telefónicas judiciales, según informan los medios de comunicación. Hay que oponerse a este tipo de cooperación entre un Estado miembro de la UE y una empresa tecnológica fundamental para la normalización de la censura y la tecnología de vigilancia en todo el mundo por parte del Partido Comunista Chino (PCCh). ARTICLE 19 pide al gobierno español que lleve a cabo de forma inmediata una evaluación independiente del impacto sobre los derechos humanos de cualquier asociación de este tipo con Huawei y que, mientras tanto, suspenda toda cooperación.
Según el diario español The Objective, España contrata el uso de servidores de alto rendimiento Huawei OceanStor 6800 V5 para almacenar y clasificar la información obtenida por las agencias de seguridad españolas.
El acuerdo es consecuencia de la cooperación existente entre el Gobierno español y Huawei para dar soporte técnico a SITEL, el sistema español de interceptación de telecomunicaciones. The Objective informó anteriormente de que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil de España se han asociado con tecnologías de Huawei a pesar de no haber realizado nunca el proceso de certificación de seguridad requerido con el Centro Nacional de Inteligencia.
Michael Caster, responsable del Programa Global sobre China de ARTICLE 19, comentó:
‘España debería saber mejor que no debe asociarse, en ninguna etapa de su infraestructura tecnológica, con una China tecno-autoritaria, bien documentada por desplegar sofisticadas herramientas y tecnologías de vigilancia que atentan contra los derechos de su propia población, incluida la comisión de crímenes contra la humanidad en Xinjiang. Ningún Estado democrático respetuoso con los derechos humanos debería facilitar la normalización internacional de la tecnología de vigilancia china’.
La cooperación en materia de infraestructuras o de cualquier otro tipo de tecnología con Huawei plantea graves problemas de derechos humanos debido a los requisitos de la legislación china para cumplir con las exigencias represivas de censura y vigilancia. Por ejemplo, la Ley china contra el Espionaje exige que todas las entidades cooperen con los órganos de seguridad chinos para investigar el espionaje, que se define de forma tan amplia que incluye cualquier compromiso con entidades extranjeras. La Ley china de Inteligencia Nacional es tan amplia en sus directivas que el Centro de Ciberseguridad del Reino Unido en 2019 afirmó que podría efectivamente «obligar a cualquier persona en China a hacer cualquier cosa» para apoyar a los órganos de seguridad chinos. La Ley china de Ciberseguridad, que entró en vigor en 2017 y está previsto que se modifique este año, incluye otros numerosos requisitos para censurar, supervisar y registrar datos de tráfico y proporcionar acceso a los órganos de seguridad. Todas estas leyes se aplican por igual a las empresas chinas que operan en el extranjero.
Riesgos probados de envío de información potencialmente sensible a China
El riesgo de que Huawei envíe información potencialmente sensible de vuelta a China no es infundado. Por ejemplo, en 2018 el periódico francés Le Monde informó por primera vez de que datos confidenciales de la red de la sede de la Unión Africana en Addis Abeba se habían subido misteriosamente a servidores en Shanghái todas las noches a la misma hora entre 2012 y 2017. Huawei era el principal proveedor del sistema informático de la organización, aunque la empresa refutó las acusaciones de vigilancia.
Más allá de los requisitos legales para cumplir las exigencias de censura y vigilancia, China obliga a sus campeones tecnológicos nacionales, como Huawei, a «seguir inquebrantablemente al Partido». Esta directiva surge de las Opiniones del Comité Central del Partido de 2020 sobre el Fortalecimiento del Trabajo de Frente Unido de la Economía Privada en la Nueva Era, que ordena a las empresas chinas salvaguardar los intereses nacionales y promover una imagen positiva del país. Tales directivas forman parte de la captura del sector privado por parte del PCCh, obligando al cumplimiento de las leyes sobre tecnologías de la información y la comunicación mencionadas anteriormente y apoyando esfuerzos más amplios de manipulación de la información.
Estas preocupaciones se agravan cuando se combinan con el aumento de la represión transnacional de China contra las comunidades chinas en el extranjero, incluso mediante la manipulación de las notificaciones rojas de Interpol, la explotación de los tratados de extradición u otras formas de cooperación policial. El reciente informe de ARTICLE 19 sobre la represión transnacional de las protestas por parte de China documenta numerosos casos en toda la UE, mientras que otros, entre ellos Safeguard Defenders, con sede en España, han destacado casos en España, como la “comisaría de policía china” en Madrid.
La disposición favorable de España hacia Huawei en desacuerdo con la UE
A pesar de los riesgos evidentes para los derechos humanos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado notablemente favorable a Huawei, defendiéndola en público y permitiéndole operar centros de investigación en Madrid. Se ha mostrado crítico con los esfuerzos de la UE para impedir que Huawei acceda a la infraestructura 5G europea, lo que contrasta fuertemente con la caja de herramientas de la Unión Europea para la seguridad de las redes 5G para medidas de mitigación de riesgos, que pide explícitamente la prohibición de proveedores de «alto riesgo» como Huawei.
‘Más allá de los temores inmediatos de censura y vigilancia, España corre el riesgo de normalizar las herramientas y tecnologías de Huawei en detrimento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la UE y en todo el mundo. El acercamiento de España a Huawei, y por delegación al Partido Comunista Chino, es contrario a la Declaración sobre Derechos y Principios Digitales de la Unión Europea. La normalización de la tecnología de vigilancia de Huawei va en detrimento de la nueva estrategia digital internacional de la UE, y contrasta directamente con su esfuerzo declarado por promover un orden digital mundial basado en normas y en los valores compartidos de la democracia y el Estado de Derecho’, dijo Caster.
España debe poner fin de manera inmediata a esta cooperación con Huawei y poner en marcha una evaluación totalmente independiente del impacto sobre los derechos humanos de sus partenariados más amplias, especialmente en torno al manejo de información sensible. La Unión Europea debe ampliar su labor de concienciación y apoyo a los Estados miembros para que identifiquen mejor y respondan a los distintos problemas de derechos humanos que plantea la participación de China en cualquier punto de la infraestructura tecnológica en toda la UE. Debe negarse a China cualquier potencial puerta trasera para imponer la censura o la vigilancia, en cualquiera de sus formas, en cualquier lugar contra sus ciudadanos o miembros de la diáspora china dentro de la Unión Europea.