La libertad de expresión es un pilar de la democracia de un país. En México, las violaciones graves a derechos humanos no existen si no se hablan y las voces de inconformidad pueden ser silenciadas sin que exista consecuencia alguna.
La realidad es más poderosa y abrumadora que cualquier discurso oficial. Sin embargo, inmersa en una crisis de derechos humanos, la sociedad es testigo de la reducción de espacios independientes e inclusivos. El disenso se vuelve incómodo para el gobierno, pero es indispensable para construir una sociedad informada y crítica.
El 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa y nuestro país está inmerso en un panorama adverso para la labor periodística: ARTICLE 19 ha documentado 93 asesinatos de periodistas de 2000 a la fecha, los últimos 20 durante el gobierno actual del presidente Enrique Peña Nieto.
Los periodistas de regiones del país donde mayor índice de agresiones se registra han encontrado en la autocensura una medida efectiva de protección. Sin garantías para realizar su trabajo, la prensa ha cedido libertad en favor de su seguridad. El silencio lacera más cuando la impunidad prevalece en la mayoría de los casos de agresiones. Aun así, en Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Chihuahua, por ejemplo, los periodistas crearon redes para la autoprotección y para levantar la voz.
El deterioro de la libertad de prensa es una realidad que ARTICLE 19 presenta en este Primer Informe Trimestral de 2016.
De enero a marzo de 2016, se documentaron 69 agresiones contra la prensa, de las que destacan los asesinatos de 3 periodistas: Marco Hernández Bautista, el 21 de enero, en Oaxaca; Anabel Flores Salazar, el 8 de febrero, en Veracruz; y Moisés Dagdug Lutzow, el 20 de febrero, en Tabasco.
Las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz, con 17; Guerrero, con 11; y Ciudad de México, con 9. En 2015, estas entidades también registraron la mayoría de ataques a la prensa.
En 33 de los casos se señalaron a funcionarios como los agresores. De estos, 12 involucran a elementos del Ejército o fuerzas federales. Las autoridades niegan responsabilidad y no existe iniciativa por abrir investigaciones en contra de ningún servidor público. Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las víctimas.
ARTICLE 19 documentó en este periodo 15 amenazas, 1 ataque contra un medio de comunicación, 19 ataques físicos o materiales, 12 casos de hostigamiento y acoso, 8 actos de intimidación, 6 privaciones ilegales de la libertad y 5 casos de violencia institucional.
Por tipo de medio, los medios digitales son los de mayor registro de agresiones, con 27; seguidos de los medios impresos, con 14; las agencias de información, con 9; la televisión, con 7; y la radio, con 6. Asimismo, se registraron 6 agresiones contra periodistas independientes o freelance.
Del total de agresiones, 44 se dirigieron a hombres, 19 a mujeres y 6 a medios de comunicación o colectivos .
Asesinatos de periodistas
El 21 de enero de 2016, Marco Hernández Bautista, corresponsal de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, fue asesinado con un arma de fuego en el municipio de San Andrés Huaxpaltepec, Oaxaca. Hernández Bautista daba cobertura al contexto local electoral y su impacto en los grupos de poder. Además cubrió la gira de Andrés Manuel López Obrador en la región y la situación de las radios comunitarias en la zona. El periodista había expresado temor por posibles represalias debido a su trabajo.
La reportera de El Sol de Orizaba, Anabel Flores Salazar, fue privada de la libertad, torturada y asesinada por sujetos que vestían prendas de tipo militar la madrugada del 8 de febrero de 2016. Su cuerpo fue encontrado el martes 9 en el municipio de Tehuacán, Puebla. Desde el momento en que las autoridades tuvieron conocimiento de los hechos criminalizaron a la periodista y declararon que se investigaba su vínculo con integrantes del crimen organizado, descartando la debida investigación basada en la labor periodística de Flores. La periodista daba cobertura a la fuente policíaca e investigó sobre desapariciones forzadas en el estado.
Moisés Dagdug Lutzow, conductor de la estación XEVX “La grande de Tabasco” y del canal local de televisión TVX, fue asesinado con un arma punzocortante en el interior de su domicilio el 20 de febrero de 2016 en Villahermosa, Tabasco. El periodista había recibido amenazas e incluso cambió el sistema de seguridad de su hogar a partir de esos hechos. Dagdug Lutzow difundía temas críticos de la administración estatal del gobernador Arturo Núñez Jiménez.
La obligación de investigar los asesinatos contra periodistas es de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE); sin embargo, ha eludido su responsabilidad de investigar los delitos que atentan contra la libertad de expresión.
Esta instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) argumenta que las fiscalías locales son las que deben comprobar el nexo de la labor periodística para determinar la atracción de los casos. Este argumento desdibuja la especialidad de la FEADLE y debilita su función en las investigaciones.
Agresiones en internet
Durante el primer trimestre del año, 15 agresiones ocurrieron en la red: 6 amenazas por medio de redes sociales, 8 casos de hostigamiento y acoso, también por medio de redes sociales, y un ataque cibernético a un medio de comunicación.
Los periodistas críticos se enfrentan a un contexto donde las leyes locales y federales permiten el uso de malware para el espionaje y la retención de metadatos y datos personales. No importa si se ponen o no en práctica, basta con que existan estas herramientas para que se inhiba el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Por otro lado, el esfuerzo de las autoridades por investigar estos casos, en su mayoría, resulta infructuoso. Descartan los hechos o les dan poca importancia, argumentando que no hay delitos consumados, cuando muchas veces estas agresiones encuadran en tipos penales vigentes –un ejemplo de esta situación es el caso de Gloria Ruíz, que se analizará más adelante.
Por otra parte la metodología de análisis de riesgo del Mecanismo de Protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), suele determinar en estos casos que existe un nivel bajo de riesgo, dado que no se tratan de mensajes directos de amenaza, o no es visible una estructura para cometer la agresión. Sin embargo, este tipo de agresiones también suelen causar estragos psicológicos en las víctimas al no saber con qué agresor se enfrentan, así como el nivel de riesgo en el que se encuentran.
Violencia contra mujeres periodistas
ARTICLE 19 documentó 19 agresiones contra mujeres periodistas de las cuales, al menos 7 se dieron con componente de género. En estos casos existen características que, de manera muy particular, tienen efectos diferentes en su vida personal, psicosocial y profesional.
Cabe destacar que 4 casos con clave de género se registraron en redes sociales: 2 actos de acoso y hostigamiento sexual, una amenaza de daño sexual y una amenaza de muerte.
Para los agresores resulta efectivo amenazar, acosar y hostigar a mujeres periodistas en redes sociales, tomando en cuenta que este tipo de actos en la red quedan impunes. Por ejemplo, en las agresiones contra la periodista Gloria Ruiz García, de Ciudad Acuña, Coahuila, acosada sexualmente y amenazada de muerte, autoridades federales y estatales intentaron desechar el caso al decir que no se consumó el delito, además buscaron una conciliación con el agresor, el líder de una organización política de la entidad.
Los 3 casos restantes –registrados fuera del ámbito digital– son 1 acto de acoso y hostigamiento físico, 1 amenaza y 1 agresión en la que una periodista fue obligada a quitarse la ropa durante una cobertura periodística.
Como se explicó en M.I.E.D.O., informe anual de 2015, las agresiones contra mujeres periodistas, comunicadoras y todas aquellas que ejercen la libertad de expresión, incluyen las emisiones de mensajes directos con el objetivo de provocar censura o autocensura; invasiones a la privacidad y espionaje (individual y colectivamente), para interferir y dar a conocer públicamente actividades de la esfera privada; intimidaciones o presiones que obligan a cambiar la línea editorial; hostigamiento o acoso al recibir mensajes amenazadores en redes que incluyen la materialización del ataque a la vida o integridad sexual de la víctima, familiares, amigos o amigas en cualquier relación laboral o emocional.
Ataques contra radios
En el primer trimestre de 2016, se registraron 6 agresiones contra radios en el país, de las que destaca el asesinato del locutor Moisés Dagdug Lutzow, en Tabasco.
Las agresiones contra estos medios y sus integrantes no cesan. En este periodo se registraron 3 agresiones contra radios comunitarias, que cumplen con la función social del ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información. Representan una valiosa herramienta para la denuncia y exigencia de derechos, y al mismo tiempo para difundir en un espacio propio su identidad cultural.
El 10 de febrero de 2016, Martha Izquierdo, locutora y directora de la radio comunitaria Bianii Luu Nezaa, en Ixtepec, Oaxaca, fue amenazada por un grupo de hombres a bordo de un automóvil Nissan color blanco. Los sujetos gritaron afuera de la estación: “Dile a Martha que ya pare con tanta chingadera”. El medio da cobertura y apoya las denuncias de los pobladores sobre malos tratos en instituciones públicas, particularmente de salud. Su trabajo ha generado tensión con autoridades de los municipios Santiago Laollaga y Guevea de Humboldt.
El 19 de marzo, alrededor de 60 agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) irrumpieron con violencia en las instalaciones de 4 estaciones de radio: La Perla de la Mixteca 96.5, Radical Stereo 98.3, La Máxima 107.9 y La Tlaxiaqueña –estas dos últimas radios comunitarias–, para decomisar sus equipos de transmisión y otros dispositivos de trabajo. En el operativo, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y Propiedad Industrial de la PGR, también detuvieron a dos personas.
El Estado realiza operativos desproporcionados donde policías federales, y en algunos casos elementos del Ejército, agreden y detienen a quienes trabajan en las estaciones. La actuación del gobierno federal en el tema de medios comunitarios e indígenas se reduce a la persecución de quienes los operan, sin atender las recomendaciones internacionales de abrir el espectro radioeléctrico, conforme principios de pluralidad y diversidad.
Sin prensa no hay democracia
Año con año, el número de agresiones contra la prensa aumenta. En 2015 ARTICLE 19 documentó 397, en comparación con 326 en 2014. Además, durante la actual administración federal (del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2016) se han registrado 1,142 agresiones. El incremento en las incidencias actúa en contra del ejercicio de la libertad de expresión y expone el nivel democrático de nuestro país.
Cuando se agrede a la prensa se vulneran los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la información, y termina por desestimar la labor de los periodistas en la sociedad. Sin embargo, el Estado es omiso y negligente en su obligación por brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra la prensa. Permite que la impunidad prevalezca, promoviendo que este tipo de actos se repitan.
ARTICLE 19 exige a las autoridades encargadas de la procuración de justicia investiguen en los casos de violaciones a la libertad de expresión de manera proactiva, cuando se los permita el marco normativo.