- Violaciones de derechos humanos (desde asesinatos y agresiones físicas hasta detenciones arbitrarias y campañas de vigilancia) a menudo asociadas a intereses empresariales de industrias extractivas y del Estado.
- Proyectos de minería y construcción ejecutados a expensas de las comunidades locales y el medio ambiente. Dos cuestiones primordiales son la falta de transparencia y la ausencia de preocupación por el medio ambiente.
- Honduras es el país más peligroso para los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. Preocupa la tendencia a presentar propuestas legislativas que limitan las manifestaciones y la actividad de la sociedad civil.
- Los intereses creados y un Estado de derecho débil incrementan la vulnerabilidad. Entre 2012 y 2014 se duplicaron las agresiones a defensoras ambientales.
América Latina es, con diferencia, la región más peligrosa del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. El asesinato de la activista Berta Cáceres en marzo tuvo repercusión en todo el mundo, pero en el nuevo informe de ARTICLE 19, CIEL y la Escuela de Derecho de Vermont, Un verde mortal, se desvela que aquel suceso no fue más que la punta del iceberg —el informe documenta un clima de violencia y amenazas físicas, así como acciones de vigilancia, cargos falsos y detención arbitraria a lo largo y ancho de la región—.
“Quienes tienen intereses directos en la explotación de la tierra en América Latina emplean un arsenal de amenazas para silenciar a las voces disidentes que se alzan en contra de los intereses empresariales y del Estado”, declaró Thomas Hughes, director ejecutivo de ARTICLE 19.
“Es habitual que quienes violan los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales lo hagan con impunidad, con la apatía o incluso la complicidad del Estado, creando así un clima de miedo y autocensura.La situación es crítica:es necesario actuar urgentemente para proteger a los defensores y defensoras, y al medio ambiente por cuya protección luchan”, añadió Hughes.
El informe pide que se emprendan acciones inmediatas para acabar con el hostigamiento y asesinato de defensores y defensoras de los derechos humanos, y que quienes perpetran esas agresiones, en cualquier parte de la región, rindan cuentas. No se debe dar curso a la extracción de recursos y a los proyectos de desarrollo sin procesos de consentimiento significativos, inclusivos y participativos. Debe empoderarse a los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales con los medios adecuados para que puedan defender sus derechos. El acuerdo regional sobre democracia ambiental que se está negociando en América Latina y Caribe debe proporcionar mecanismos eficaces para salvaguardar los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales.
“La constante escalada de agresiones violentas contra defensores y defensoras ambientales debe terminar”, declara Marcos Orellana, director del Programa de Derechos Humanos y Ambiente del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL).“La persecución sistemática de defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales está tan generalizada en toda América Latina, que defender el medio ambiente ha pasado a ser sinónimo de poner en peligro tu seguridad y tu bienestar.Tanto los gobiernos como las empresas deben rendir cuentas por el papel que desempeñan en las agresiones contra los defensores y defensoras ambientales”.