Un Verde Mortal: Amenazas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales

Donald Moncayo, shows a gloved hand coated in crude oil, during a tour of sites in Ecuador to show the pollution left behind by Texaco’s operations.

Introducción

América Latina es con creces la región más peligrosa del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. La falta de garantías efectivas de protección de los derechos humanos en los Estados latinoamericanos ha creado esta terrible situación. La ausencia de salvaguardias efectivas se ve agravada por la fragilidad del Estado de derecho en la mayoría de los países latinoamericanos, por preocupantes corrientes de impunidad que corroen el tejido social y por el hecho de que los movimientos ambientalistas se centren normalmente en grandes proyectos de desarrollo en los que intervienen poderosos intereses gubernamentales y empresariales.

El presente informe ilustra las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en América Latina contra los defensores y defensoras del medio ambiente, cuyas actividades legítimas sacan a luz daños ambientales y abusos contra los derechos humanos. Aunque no es exhaustivo, el informe ofrece una perspectiva general de casos recientes de toda América Latina. Los incidentes citados abarcan diversas violaciones de derechos humanos, entre ellas ataques violentos, tortura, desapariciones y homicidios.

Los pueblos indígenas son especialmente vulnerables, porque muchos proyectos de desarrollo están ubicados en sus tierras. Cuando los Estados no aplican los debidos procedimientos de consulta, las consecuencias suelen ser conflictos, desplazamiento forzado, degradación ambiental y violaciones de derechos humanos. Los homicidios de activistas ambientales y periodistas van en aumento, y más del 40% de ellos son de miembros de comunidades indígenas.De los homicidios registrados en todo el mundo en 2014, el 75% fueron en América Latina, siendo actualmente Honduras el país más peligroso para los defensores y defensoras del medio ambiente.

Las persistentes violaciones de derechos humanos de que son objeto los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales tienen su origen en la explotación de los recursos y el creciente número de mega proyectos de desarrollo en gran escala emprendidos en países latinoamericanos. Por ejemplo, Honduras tiene en la actualidad 837 concesiones mineras, de las que se han otorgado ya 411 con una extensión de 6.630 km2. En Colombia, la extracción de carbón entre 2000 y 2010 creció hasta casi duplicarse, y el número de concesiones mineras ha mantenido igualmente un ritmo acelerado. Como consecuencia de ello se ha producido un considerable aumento del número de ataques en la región. Según la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en los Estados Unidos, en el decenio comprendido entre 2000 y 2010 fueron asesinados en Guatemala 118 defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales y se produjeron más de 2.000 agresiones contra grupos de manifestantes. El informe de Global Witness de noviembre de 2014, El ambiente mortal de Perú, reveló que la mayoría de los homicidios de ambientalistas cometidos en Perú fueron perpetrados por fuerzas de seguridad privada y del Estado y que casi todos estaban relacionados con proyectos del sector extractivo.

Las organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos están denunciando de manera habitual la situación crítica de los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales en América Latina. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) viene publicando desde 1999 resoluciones anuales en las que pide a los Estados miembros que garanticen los derechos de los defensores y defensoras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en numerosos fallos que se debe respetar a los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. Sus sentencias apenas han tenido efecto.

Hacen falta medidas nuevas, que los Estados mismos apliquen y hagan cumplir con firme vigilancia.

Para proteger debidamente a los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales, los países latinoamericanos deben adoptar un instrumento firme y jurídicamente vinculante, que garantice la implementación plena de los derechos de acceso proclamados en el principio 10 de la Declaración de Río. Los tres “derechos de acceso” fundamentales establecidos en el principio 10 están relacionados directamente con los problemas a que se enfrentan los defensores y defensoras ambientales: a) acceso a la información, b) acceso a la participación pública y c) acceso a la justicia. El reconocimiento y la aplicación efectiva de estos derechos humanos reducirán las violaciones de derechos humanos que se cometen contra los defensores y defensoras ambientales y les proporcionarán reparaciones. Además, el instrumento regional debe incluir salvaguardias específicas para los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales a fin de garantizar sus derechos.

En el presente informe se examinan a su vez los diversos derechos humanos que se les niegan en la actualidad a los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales en América Latina. En primer lugar se evalúa cómo los mecanismos interamericanos de derechos humanos responden a las violaciones de derechos humanos contra los defensores y defensoras ambientales. A continuación se explica la situación especial de los pueblos indígenas en América Latina, prestando especial atención a su particular vulnerabilidad a las violaciones de derechos humanos. Posteriormente se analiza en el informe cómo a los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales no se les garantiza el derecho a la vida y a la integridad física. Este derecho se viola por medio de persistentes amenazas de homicidio, ataque violento, desaparición forzada y otros delitos. Se explica luego que los Estados latinoamericanos no protegen el derecho a no sufrir detención ni reclusión arbitrarias, a menudo penalizando o estigmatizando las actividades legítimas de los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales.

A continuación se tratan en el informe las violaciones del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información. Los Estados latinoamericanos limitan estos derechos utilizando legislación antiterrorista, así como amenazas de demanda y requerimientos judiciales por difamación, contra los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales que se oponen a los poderosos intereses gubernamentales o empresariales. Asimismo, en el informe se examina cómo los Estados latinoamericanos menoscaban el derecho a la libertad de reunión y de asociación al limitar dónde pueden celebrarse manifestaciones, decidir que organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil son válidas en el país y restringir el modo en que pueden financiarse estas organizaciones. Se describen brevemente casos de distintos países latinoamericanos para ilustrar las violaciones de derechos humanos que se comenten en toda la región. En el último apartado se formulan recomendaciones específicas para combatir las violaciones de derechos humanos que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales en América Latina.

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