La cuenta atrás para la Copa Mundial de 2014 se ha visto marcada por una serie de manifestaciones en todo el país, en las que cientos de miles de brasileños protestan contra la corrupción del gobierno, la toma de decisiones sin rendición de cuentas y el enorme gasto que supone ser la sede de la Copa Mundial, dinero que los brasileños creen que se emplearía mejor si se destina a los servicios públicos.
Los resultados de una investigación publicados en el informe titulado Brazil’s Own Goal (El autogol de Brasil) muestran que la respuesta del Estado a estas manifestaciones ha sido una intensificación de la represión y de la violencia, más propias de los años de dictadura militar en Brasil. La policía está recurriendo a una fuerza excesiva contra los manifestantes, haciendo un uso extremadamente indiscriminado de balas de goma y gas lacrimógeno potencialmente letales. Se ha visto a numerosos agentes quitándose las placas identificativas durante las protestas y negándose a identificarse cuando se les pedía que lo hicieran, para asegurar que no puedan atribuírseles sus acciones. Se han producido miles de detenciones arbitrarias y están muy extendidas las prácticas de detención preventiva y restricciones previas.
Además de la represión de la libertad de expresión, se han propuesto varios proyectos de ley en el Congreso para criminalizar las manifestaciones, entre otras cosas, aumentando las penas por delitos relacionados con daños a propiedades y a las personas cuando estos se producen durante manifestaciones, así como la criminalización del uso de caretas durante las protestas y el bloqueo de vías públicas.
Más aún, la Ley General de la Copa Mundial, aprobada en 2012, ya prohíbe las manifestaciones que no contribuyen al carácter «festivo y amistoso» del acontecimiento, lo que significa que algunas protestas podrían considerarse ilegales, en función de su naturaleza, si se llevan a cabo cerca de un estadio. Casi todos los estadios se encuentran en zonas urbanas densamente pobladas. El derecho internacional protege el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. No obstante, el informe muestra que se están arrebatando estos derechos a los brasileños.
ARTICLE 19 pide al gobierno de Brasil que garantice la protección de los derechos a la protesta y a la libertad de expresión, mediante la promulgación de una nueva ley que regule el uso de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones, en cumplimiento de las normas internacionales. Esta ley también debe asegurar que la actuación policial durante las protestas tiene por objeto salvaguardar el derecho de las personas a protestar en condiciones de seguridad, y que se hace hincapié en la negociación en vez de en la represión, como ocurre en la actualidad.