Limites

¿Cómo puede ser limitado el derecho a la libertad de expresión?

La gran mayoría de las expresiones son completamente inocuas y están protegidas  de interferencia por parte del Estado por el derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, ‘buscar, recibir y difundir informaciones e ideas’ incluye expresiones que pocas sociedades pueden tolerar, tal como la incitación al asesinato o la venta de pornografía a los niños. Por los tanto, la libertad de expresión no es absoluta y puede ser limitada cuando entra en conflicto con otros derechos.

El derecho internacional sostiene que la libertad de expresión debe ser la regla. Las limitaciones son la excepción, solamente permitidas para proteger:

  • los derechos o reputaciones de los demás
  • la seguridad nacional
  • el orden público
  • la salud pública
  • la moral

Una restricción es legítima si cumple con las condiciones muy estrechas definidas en la prueba tripartita del Artículo 19(3) del PIDCP:

1. ‘…fijadas por la ley...’

El derecho a la libertad de expresión no puede ser restringido por capricho de un funcionario público. Debe estar aplicando una ley o norma que sea formalmente reconocida por aquellos a quien se les encomienda legislar.

 La ley o norma debe cumplir estándares de claridad y precisión de manera que la gente pueda anticipar las consecuencias de sus acciones. Las normas redactadas de manera vaga, cuyo alcance sea poco claro, no alcanzan este estándar y son ilegítimas. Por ejemplo, prohibiciones vagas contra ‘sembrar discordia en la sociedad’ o ‘pintar una imagen falsa del Estado’ no pasan la prueba.

La razón de ser

  • Es sencillamente justo que la gente tenga una oportunidad razonable de saber lo que está prohibido, de manera de poder actuar en consecuencia
  • La situación en la que los funcionarios pueden establecer reglas caprichosamente no es democrática. Las decisiones que restrinjan los derechos humanos deben ser realizadas por organismos que representen la voluntad popular
  • Las leyes vagas serán abusadas. Éstas frecuentemente otorgan a los funcionarios poderes discrecionales que dejan mucha libertad para que se tomen decisiones arbitrarias.
  • Las leyes vagas tienen un ‘efecto disuasivo’ e inhiben la discusión de asuntos de interés público. Crean una situación de incertidumbre acerca de lo que está permitido, que conlleva que la gente evite cualquier tema controversial por temor a que pueda llegar a ser ilegal, incluso si no lo es.

2. ‘…fin legítimo…’

Debe existir un fin legítimo para restringir la libertad de expresión. La lista de fines legítimos no puede ser ampliada. Están dispuestos por el Artículo 19(3) del PIDCP: ‘respeto a los derechos o la reputación de los demás; y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas’. No se pueden añadir otros fines a la lista.

La razón de ser

  • No todos los motivos de las decisiones gubernamentales de restringir la libertad de expresión son compatibles con un gobierno democrático. Por ejemplo, el deseo de proteger al gobierno de las críticas no puede nunca justificar limitaciones a la libertad de expresión
  • El fin deber ser legítimo en propósito y efecto. No es suficiente que una disposición tenga un efecto incidental sobre uno de los fines legítimos. Si la disposición fue creada por otra razón, no pasará esta parte de la prueba

3.‘…NECESidad…’

Cualquier restricción a derecho a la libertad de expresión debe ser realmente necesaria. Incluso si una restricción está prevista por una ley clara y persigue un fin legítimo, solamente superará la prueba si es verdaderamente necesaria para la protección del fin legítimo. Si la restricción no es necesaria, ¿por qué imponerla?

En la gran mayoría de los casos en que los tribunales internacionales han fallado que una ley nacional contenía restricciones inadmisibles al derecho a la libertad de expresión, fue porque consideraron que no eran ‘necesarias’.

 La razón de ser

  • El gobierno debe estar actuando en respuesta a  una necesidad social acuciante, no simplemente por conveniencia. En una escala entre ‘útil’ e ‘indispensable’, ‘necesario’ debe estar próximo a ‘indispensable’
  • El gobierno debe siempre utilizar una medida menos intrusiva si ésta existe y podría cumplir el mismo objetivo. Por ejemplo, clausurar un periódico por difamación es excesivo; una retractación (o tal vez una combinación de una retractación y una amonestación o una multa moderada) le ofrecería a la víctima de la difamación una protección adecuada
  • El impacto de la medida debe ser proporcionado y el perjuicio que le causa a la libertad de expresión no debe ser mayor que sus beneficios. Por ejemplo, una limitación que ofrezca sólo una protección parcial a la reputación de alguien pero que vulnere seriamente la libertad de expresión es desproporcionada
  • Una corte debe tener en cuenta todas las circunstancias del momento antes de decidir limitar la libertad de expresión.  Por ejemplo, sólo puede ser legítimo limitar la libertad de expresión por razones de seguridad nacional durante un conflicto pero no en tiempo de paz
  • La Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) restringe aún más la tercera prueba al exigir que las limitaciones sean ‘necesarias en una sociedad democracia’. La redacción es preferible ya que aclara que el fin de la restricción no debe nunca ser proteger al gobierno de críticas u oposición pacífica.

¿Qué es una ‘limitación’ o ‘restricción’?

Los tribunales internacionales han, en general, resuelto que cualquier acción de un órgano público que tiene un efecto real sobre la libertad de expresión de las personas constituye una ‘restricción’ o ‘limitación’.

  • La naturaleza de la acción es irrelevante. Puede ser cualquier cosa desde una ley a una medida disciplinaria interna
  • La naturaleza del órgano público es irrelevante. Puede ser legislativo, ejecutivo o judicial, o una empresa estatal
  • El grado de impacto de la acción es irrelevante. Cualquier efecto discernible sobre la habilidad de una o más personas de expresarse libremente es una restricción.

La ECHR también estrecha la definición de limitación, exigiendo que la prueba tripartita se aplique a todas las “formalidades, condiciones, restricciones o penas” según el Artículo 10(2).