{"id":85710,"date":"2021-06-29T07:06:05","date_gmt":"2021-06-29T06:06:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.article19.org\/?post_type=resources&#038;p=85710"},"modified":"2021-06-28T19:26:47","modified_gmt":"2021-06-28T18:26:47","slug":"espana-la-libertad-de-expresion-y-el-derecho-a-la-protesta-pacifica-llevan-seis-anos-bajo-amenaza-pero-existe-una-oportunidad-de-revertir-la-situacion","status":"publish","type":"resources","link":"https:\/\/www.article19.org\/es\/resources\/espana-la-libertad-de-expresion-y-el-derecho-a-la-protesta-pacifica-llevan-seis-anos-bajo-amenaza-pero-existe-una-oportunidad-de-revertir-la-situacion\/","title":{"rendered":"Espa\u00f1a: la libertad de expresi\u00f3n y el derecho a la protesta pac\u00edfica  llevan seis a\u00f1os bajo amenaza pero existe una oportunidad de revertir la situaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p><strong>6\u00ba aniversario de la entrada en vigor de la Ley Mordaza y de la reforma del C\u00f3digo Penal<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza y la reforma parcial del C\u00f3digo Penal hace casi seis a\u00f1os, se ha consolidado en Espa\u00f1a la amenaza al ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n, reuni\u00f3n e informaci\u00f3n<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Amnist\u00eda Internacional, ARTICLE 19, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Defender a Quien Defiende, Greenpeace, No Somos Delito y la Plataforma por la defensa de la Libertad de Expresi\u00f3n exigen que en el tr\u00e1mite parlamentario ambas leyes se alineen de una vez por todas con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos<\/li>\n<\/ul>\n<p>A pesar de que recientemente el pleno del Congreso de los Diputados aprob\u00f3 una Propuesta de Ley para la tramitaci\u00f3n de la reforma del C\u00f3digo Penal en materia de libertad de expresi\u00f3n, desde noviembre de 2020 se encuentra bloqueado el tr\u00e1mite parlamentario en el Congreso espa\u00f1ol de la Proposici\u00f3n de Ley de reforma de La Ley Mordaza.<\/p>\n<p>Estamos ante una oportunidad hist\u00f3rica para que las autoridades demuestren que la libertad de expresi\u00f3n es una prioridad alineando las normas que la regulan con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Los seis a\u00f1os de vigencia de la Ley Mordaza la han consolidado como una amenaza grave a la libertad de expresi\u00f3n, reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n en Espa\u00f1a. La Ley Mordaza lleva todo este tiempo utiliz\u00e1ndose contra el activismo social, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pac\u00edfica. Adem\u00e1s, las limitaciones a la distribuci\u00f3n de im\u00e1genes de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad han dificultado el ejercicio del derecho a la informaci\u00f3n. Por si fuera poco, es la Ley que se ha utilizado en esta pandemia, durante los sucesivos estados de alarma, como base legal para la mayor parte de las miles de propuesta de sanciones acumuladas contra miles de ciudadanos y ciudadanas.<\/p>\n<p><b>La Ley Mordaza fue una una respuesta represiva ante el auge de la movilizaci\u00f3n social que tuvo lugar a partir de 2011 en el contexto de la anterior crisis econ\u00f3mica<\/b><\/p>\n<p>El 1 de julio de 2021, la Ley Mordaza cumplir\u00e1 seis a\u00f1os de vigencia. Con anterioridad a su promulgaci\u00f3n y cuando se estaba tramitando como proyecto de ley, las organizaciones firmantes ya alertaron del riesgo de que esta Ley podr\u00eda limitar a\u00fan m\u00e1s el ejercicio de derechos humanos de forma ileg\u00edtima, innecesaria y desproporcionada.<\/p>\n<p>Un aspecto clave es el aumento del poder discrecional que esta Ley ha otorgado a los miembros de los cuerpos policiales para valorar qu\u00e9 conductas deben ser consideradas como desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad, sin establecer adecuados mecanismos de control y rendici\u00f3n de cuentas. Esta situaci\u00f3n facilita comportamientos abusivos y arbitrarios que pueden salir reforzados ante la prevalencia de la posici\u00f3n de la administraci\u00f3n frente a la ciudadan\u00eda en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores.<\/p>\n<p>La Ley Mordaza naci\u00f3 en el contexto socio-econ\u00f3mico<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>que<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>se<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>vivi\u00f3<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>en<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>Espa\u00f1a<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>a<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>partir<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>de<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>2008,<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>y<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>especialmente<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>entre<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>2011<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>y<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>2014,<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>donde<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>la aplicaci\u00f3n de medidas de austeridad llev\u00f3 a numerosos colectivos a protestar en la calle, obteniendo una respuesta<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>represiva<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>por<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>parte de las autoridades a trav\u00e9s del uso excesivo de la fuerza. En aquel momento, las organizaciones protestaron porque el gobierno, en vez de corregir las deficiencias y apuntalar el derecho de reuni\u00f3n pac\u00edfica, present\u00f3 propuestas legislativas en la direcci\u00f3n contraria. Esta amenaza a la libertad de expresi\u00f3n se ha materializado desde entonces.<\/p>\n<p>Desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza en julio de 2015 y hasta diciembre de 2019, se han impuesto 197.288 sanciones en materia de seguridad ciudadana, alcanzando un importe superior a los 73 millones de Euros en multas. Las organizaciones han manifestado su especial preocupaci\u00f3n por el impacto en el ejercicio de derechos humanos como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 36.6 (resistencia, desobediencia o negativa a identificarse), 37.4 (faltas de respeto a la autoridad) y 36.23 (difusi\u00f3n no autorizada de im\u00e1genes de miembros de las fuerzas de seguridad). Las sanciones impuestas por los dos primeros supone m\u00e1s del 70% del total.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>La Ley Mordaza se ha consolidado como la respuesta de las autoridades durante la pandemia en 2021 sin transparencia en los datos<\/b><\/p>\n<p>Durante la vigencia de los estados de alarma, las organizaciones han mostrado tambi\u00e9n su preocupaci\u00f3n por el elevado n\u00famero de denuncias impuestas siguiendo el criterio de considerar el mero incumplimiento de las medidas de confinamiento como una sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 36.6 de la Ley Mordaza. Solo desde el 14 de marzo hasta el 23 de mayo de 2020, el Gobierno reconoci\u00f3 que se hab\u00edan impuesto 1.044.717 propuestas de sanci\u00f3n por incumplimiento de las medidas de confinamiento como infracciones recogidas en dicho art\u00edculo.<\/p>\n<p>Las autoridades no han proporcionado datos claros sobre el n\u00famero total de denuncias, ni sobre su efecto en colectivos vulnerables. El propio <i>Defensor del Pueblo<\/i> ha pedido al <i>Ministerio del Interior<\/i> que aclare los datos facilitados por la <i>Secretar\u00eda de Estado de Interior<\/i> sobre al menos 357.647 expedientes sancionadores tramitados hasta el 31 de diciembre de 2020 por infracciones de las medidas adoptadas con motivo de la pandemia.<\/p>\n<p><b>Activistas y periodistas en el punto de mira durante casi seis a\u00f1os<\/b><\/p>\n<p>Durante estos seis a\u00f1os, la Ley Mordaza se ha empleado contra movimientos sociales o plataformas ciudadanas, que han sufrido sanciones de forma reiterada, incluso vi\u00e9ndose obligadas a replantear sus acciones de movilizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Asimismo, profesionales de la informaci\u00f3n han visto dificultada, cuando no impedida, su labor, que en muchas ocasiones consist\u00eda precisamente en documentar actuaciones o abusos de miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente durante manifestaciones.<\/p>\n<p>Todo esto ha permitido comprobar que la aplicaci\u00f3n de la Ley Mordaza ha supuesto una merma para el ejercicio de derechos humanos, como los derechos a la libertad de reuni\u00f3n, expresi\u00f3n e informaci\u00f3n. Las organizaciones consideran que es el momento para acabar con esta situaci\u00f3n modificando y eliminando los art\u00edculos que restringen el ejercicio de estos derechos.<\/p>\n<p><b>El c\u00f3digo penal y su impacto negativo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresi\u00f3n<\/b><\/p>\n<p>Algunos art\u00edculos del C\u00f3digo Penal amenazan tambi\u00e9n la libertad de expresi\u00f3n en Espa\u00f1a, aunque \u00faltimamente han disminuido las denuncias y las condenas aceptadas por los tribunales en relaci\u00f3n a algunos de estos art\u00edculos.<\/p>\n<p>La reforma parcial del C\u00f3digo Penal de 2015 ampli\u00f3 el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 578 sancionando el enaltecimiento del terrorismo que se llevara a cabo mediante la difusi\u00f3n p\u00fablica de mensajes o consignas, estableciendo como factor agravante que el delito se cometiese a trav\u00e9s de Internet y aumentando la pena m\u00e1xima de dos a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n. Desde esta reforma, aumentaron dr\u00e1sticamente los procesamientos y las sentencias condenatorias derivados de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 578.<\/p>\n<p>Otros art\u00edculos relacionados con libertad de reuni\u00f3n y expresi\u00f3n que se modificaron en 2015 fueron los delitos de orden p\u00fablico. Entre otras cuestiones, se increment\u00f3 la pena de los delitos contra la autoridad cuando se producen en el contexto de las manifestaciones (557 bis 3\u00ba), y se tipific\u00f3 como infracci\u00f3n penal la resistencia pac\u00edfica grave hasta con penas privativas de libertad (556.1). Por ejemplo, tambi\u00e9n se tipificaron como delito la ocupaci\u00f3n de despachos, oficinas, establecimientos o locales, aunque est\u00e9n abiertos al p\u00fablico, si con la ocupaci\u00f3n se perturba el funcionamiento normal de la actividad (art. 557 ter).<\/p>\n<p><b>El delito de enaltecimiento del terrorismo<\/b><\/p>\n<p>El derecho a la libertad de expresi\u00f3n protege, incluso, expresiones que ofenden, escandalizan y molestan. Sin embargo, en los \u00faltimos a\u00f1os, en Espa\u00f1a, decenas de personas usuarias de las redes sociales, as\u00ed como artistas musicales, periodistas e incluso titiriteros han sido procesadas o condenadas en virtud del art\u00edculo 578 del C\u00f3digo Penal, que proh\u00edbe el \u201cenaltecimiento\u201d del terrorismo y la \u201chumillaci\u00f3n de las v\u00edctimas de los delitos terroristas\u201d.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 \u00a0<\/span><\/p>\n<p>Las autoridades han empleado este art\u00edculo para reprimir las expresiones de \u00edndole pol\u00edtica, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad art\u00edstica del pa\u00eds. Las organizaciones ya constataron en 2018 el profundo efecto paralizante ocasionado por la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 578 del C\u00f3digo Penal al crear un entorno desfavorable para la expresi\u00f3n de opiniones alternativas o hacer chistes controvertidos.<\/p>\n<p>Al menos setenta y cinco personas han sido condenadas por enaltecimiento al terrorismo a penas de privaci\u00f3n de libertad e inhabilitaci\u00f3n en los \u00faltimos cinco a\u00f1os<b> <\/b>y, aunque el n\u00famero de personas condenadas ha disminuido dr\u00e1sticamente, pasando de treinta y cinco en 2016 a dos en 2019 y una en 2020, lo cual demuestra que este art\u00edculo sigue siendo una amenaza real a la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n<p>A su vez, el art\u00edculo 579 debe revisarse para garantizar que s\u00f3lo son penalizadas aquellas expresiones que incitan de manera directa a la comisi\u00f3n de actos terroristas, cuando existe<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>intenci\u00f3n de que se cometa un delito de terrorismo, y sea probable que esa expresi\u00f3n incite a una violencia inminente.<\/p>\n<p><b>Injurias a la corona, figuras p\u00fablicas y ofensas a sentimientos religiosos<\/b><\/p>\n<p>Las organizaciones se oponen a las leyes que proh\u00edben el insulto o las expresiones de falta de respeto a jefes de Estado o personalidades p\u00fablicas, fuerzas armadas y otras instituciones p\u00fablicas, o a banderas o s\u00edmbolos (como las leyes sobre lesa majestad y desacato). Los jefes de Estado, por el hecho de ser figuras p\u00fablicas, deben tolerar m\u00e1s cr\u00edticas que la ciudadan\u00eda. El uso de leyes sobre difamaci\u00f3n con el fin o el efecto de impedir las cr\u00edticas leg\u00edtimas al gobierno o a cargos p\u00fablicos viola el derecho a la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n<p>Espa\u00f1a ha sido condenada hasta en cuatro ocasiones (2011, 2016, 2018 y 2021) por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sancionar penalmente los insultos a figuras p\u00fablicas e institucionales, dos de ellas por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 490.3 del C\u00f3digo Penal sobre injurias a la Corona. Desde este tribunal han recordado que una mayor protecci\u00f3n a Jefes de Estado mediante una ley especial en materia de insulto no es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tambi\u00e9n suscrito por Espa\u00f1a. La eliminaci\u00f3n de este art\u00edculo debe producirse ya.<\/p>\n<p>Lo mismo sucede con el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. El art\u00edculo 525 del C\u00f3digo Penal: la protecci\u00f3n de conceptos abstractos o creencias religiosas o de otra \u00edndole, o de las sensibilidades religiosas de sus adeptos, no es un motivo para restringir la libertad de expresi\u00f3n. A este respecto, las organizaciones alertan sobre el posible efecto disuasorio que podr\u00edan tener <a href=\"https:\/\/twitter.com\/AIPrensaESP\/status\/1331217377514713088\">sentencias como la del pasado 31 de mayo de 2021, en la que la Audiencia Provincial de M\u00e1laga<\/a> confirm\u00f3 la condena a una mujer por un delito contra los sentimientos religiosos por expresiones utilizadas durante una movilizaci\u00f3n ciudadana, a una multa de 2.700 Euros. Por tanto, el art\u00edculo 525 del C\u00f3digo Penal, junto con el articulo 524, redundante habida cuenta del articulo 523, deben derogarse tambi\u00e9n en el marco de esta reforma del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n<p><b>Otros delitos que pueden penalizar la libertad de expresi\u00f3n<\/b><\/p>\n<p>El art\u00edculo 510 del C\u00f3digo Penal sanciona las conductas de fomento, promoci\u00f3n o incitaci\u00f3n \u201cdirecta o indirecta al odio, hostilidad, discriminaci\u00f3n o violencia contra un grupo, parte del mismo o contra una persona determinada por raz\u00f3n de su pertenencia a aqu\u00e9l\u2026\u201d. Las organizaciones piden la revisi\u00f3n \u00edntegra del art\u00edculo 510. La apolog\u00eda del odio discriminatorio que constituya incitaci\u00f3n a la hostilidad, discriminaci\u00f3n o violencia, debe ser prohibida de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (PIDCP), estableciendo un umbral alto para toda limitaci\u00f3n a la libre expresi\u00f3n, pero ha de suprimirse la \u201cincitaci\u00f3n indirecta\u201d. En el mismo sentido, la negaci\u00f3n o justificaci\u00f3n de los delitos de genocidio o de lesa humanidad ha de modificarse, reduciendo los dispuesto en dicho precepto a \u00abincitaci\u00f3n directa y p\u00fablica al genocidio\u00bb, siguiendo las recomendaciones del PIDCP y del Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n Racial. Las organizaciones invitan al gobierno a adoptar y ejecutar un plan integral para combatir el \u201cdiscurso de odio\u201d conforme al Plan de Acci\u00f3n de Rabat.<\/p>\n<p><b>Informaci\u00f3n adicional en relaci\u00f3n con La Ley Mordaza y el C\u00f3digo Penal<\/b><\/p>\n<p>La Ley Mordaza incorpor\u00f3 en el a\u00f1o 2015 una disposici\u00f3n que modific\u00f3 la normativa de extranjer\u00eda con el objetivo de dotar de cobertura legal a expulsiones colectivas y sumarias prohibidas por el derecho internacional, neg\u00e1ndose el acceso a un recurso efectivo. Esta disposici\u00f3n impide una valoraci\u00f3n individualizada de la situaci\u00f3n personal y del riesgo que puede correr una persona al ser devuelta, incluyendo el riesgo a sufrir violaciones de derechos humanos, como tortura y malos tratos.<\/p>\n<p>Uno de los \u00faltimos casos donde se ha aplicado esta disposici\u00f3n se vio en mayo de 2021, cuando m\u00e1s de 8.000 personas, entre las que hab\u00eda alrededor de 2.000 menores no acompa\u00f1ados, entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos, y fueron sometidas a expulsiones colectivas. Las fuerzas armadas espa\u00f1olas desplegadas en la frontera llevaron a cabo durante esos d\u00edas devoluciones colectivas y forzosas sin ninguna salvaguardia, lo que imposibilit\u00f3 identificar a las personas vulnerables o asegurarse de que \u00e9stas reciben informaci\u00f3n adecuada y asistencia jur\u00eddica, y solicitar asilo. Esta disposici\u00f3n debe eliminarse con urgencia.<\/p>\n<p><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><br \/>\nPor \u00faltimo, las organizaciones tambi\u00e9n mantienen otras preocupaciones en relaci\u00f3n con la urgencia de reformar el C\u00f3digo Penal y que hacen referencia a los delitos de sedici\u00f3n y delitos contra la libertad e identidad sexual.<\/p>\n","protected":false},"template":"","format":"standard","pillar":[145],"content-type":[1613],"issue":[1424],"region":[601,1646],"campaign-tax":[],"class_list":["post-85710","resources","type-resources","status-publish","format-standard","hentry","pillar-civic-space-es","content-type-joint-declaration-es","issue-protest-es","region-europe-central-asia-es","region-spain-es"],"featured_image_urls_v2":{"full":"","thumbnail":"","medium":"","medium_large":"","large":"","1536x1536":"","2048x2048":"","mobile":"","super":"","two-col":"","resources-featured":"","timeline":"","article-block":"","article-block-double":"","donations-image":"","donations-bottom-image":"","square":"","event":"","event-large":"","video":"","article-hero":"","gform-image-choice-sm":"","gform-image-choice-md":"","gform-image-choice-lg":""},"post_excerpt_stackable_v2":"<p>6\u00ba aniversario de la entrada en vigor de la Ley Mordaza y de la reforma del C\u00f3digo Penal &nbsp; Desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza y la reforma parcial del C\u00f3digo Penal hace casi seis a\u00f1os, se ha consolidado en Espa\u00f1a la amenaza al ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n, reuni\u00f3n e informaci\u00f3n Amnist\u00eda Internacional, ARTICLE 19, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Defender a Quien Defiende, Greenpeace, No Somos Delito y la Plataforma por la defensa de la Libertad de Expresi\u00f3n exigen que en el tr\u00e1mite parlamentario ambas leyes se alineen de una vez por&hellip;<\/p>\n","category_list_v2":"","author_info_v2":{"name":"","url":""},"comments_num_v2":"0 comentarios","acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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