¿Hay información que aún puede guardarse en secreto?

Determinados tipos de información se excluyen del principio habitual de acceso público (o máxima divulgación) que debiera regir a una ley de acceso a la información.

Excepciones a la máxima divulgación:

El principio en el sentido que las excepciones al acceso público deben estar siempre "estrictamente definidas" supone que las leyes de acceso a la información deben:

• Definir con claridad los tipos de información para los cuales puede hacerse una excepción.
• Definir con claridad las circunstancias en las que puede hacerse una excepción para estos tipos de información.

Excepciones a la publicación:

A continuación figura una lista de los tipos de información que puede excluirse del acceso público en determinadas circunstancias. Es importante subrayar que esto no significa necesariamente que toda la información de determinado tipo se guardará en secreto, sino tan sólo que puede hacerse algunas veces.

• Aplicación de la ley
• Intimidad personal
• Secreto comercial
• Seguridad pública o personal
• Debates confidenciales del Gobierno
• Información privilegiada por ley
• Intereses económicos públicos
• Seguridad nacional

Aplicación de la ley

La investigación, prevención y detección de delitos sería a menudo imposible si la policía se viera obligada a facilitar información sobre sus investigaciones en curso. Del mismo modo, sería mucho más difícil para la policía capturar a los delincuentes si toda la información sobre su labor fuera fácil de conseguir.

Para ser eficaces, algunos métodos de detección y prevención de delitos deben ser secretos (por ejemplo, las técnicas de vigilancia). Sin embargo, debe tenerse cuidado en no redactar las exclusiones de manera tan amplia que la información sobre la aplicación de la ley no se divulgue nunca.

La clave es que no se debe hacer peligrar a las investigaciones en curso, la seguridad pública o de la persona no debe ponerse en riesgo, o la divulgación de la información solicitada no debe causar algún otro daño, o todo lo anterior.

Volver arriba

Intimidad personal

Los organismos públicos (y algunos privados) tienen en su poder determinada información sobre las personas. Estos organismos deben tener esta información para prestar servicios necesarios; por ejemplo, salud, educación y todo tipo de servicio social.

Sin embargo, no hay motivo por el cual toda esta información deba facilitarse a cualquier otra persona que no sea el sujeto de la información, eso podría constituir una invasión de su intimidad.

Desde luego, el sujeto de la información debería siempre obtener acceso a ésta. Ésta es una manera importante de asegurase de que no se abuse de ella.

Por supuesto, no toda información personal es privada, y se aplicarán reglas diferentes, en especial cuando la información personal se refiera al trabajo de funcionarios públicos.

Volver arriba

Secreto comercial

Éste es uno de los más difíciles.

Supóngase, por ejemplo, que una empresa estuviera creando un producto nuevo. Sería legítimo que ésta no tuviera que divulgar pormenores que permitieran a empresas rivales copiar su producto.

También sería legítimo que las empresas no tuvieran que divulgar información que afectara su capacidad de competir en el mercado.

El problema surge por dos razones:

• La primera es que las empresas emplean el secreto comercial para regular y restringir la distribución de las prestaciones sociales de su producto. Un claro ejemplo son las empresas farmacéuticas, que obtienen enormes ganancias por la venta de medicamentos de marca, cuando la reproducción menos costosa de medicamentos genéricos representaría una gran prestación social.
• La segunda razón del problema ocasionado por el secreto comercial es que suele permitir a las empresas desempeñarse sin rendir cuentas a la sociedad. Una empresa puede declarar que está cerrando una fábrica, con pérdida de empleos, porque ya no es rentable.

Sin embargo, ¿no deberían los trabajadores y la comunidad tener el derecho de examinar las cuentas de la empresa para verificar si esto es verdad?

Volver arriba

Seguridad pública o personal

Ésta es una excepción claramente prevista en el derecho internacional.

El Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que el "orden público" es causa permisible para limitar la libertad de expresión (la cual, como hemos visto, abarca la libertad de información).

Ciertamente es posible imaginar casos en los que la seguridad de una persona podría quedar en riesgo.

Digamos, por ejemplo, que alguien fuera incluido en un programa de protección de testigos. Ciertamente no sería deseable que se divulgara información sobre su paradero e identidad.

La seguridad pública es una noción más compleja. Podría referirse al peligro de provocar reacciones de pánico entre la población en caso de, por ejemplo, amenazas a la salud. Sin embargo, más a menudo hay la necesidad de una mayor transparencia y de información acerca de las cuestiones relacionadas con la salud, no lo contrario.

Volver arriba

Debates confidenciales del Gobierno

La idea de permitir excepciones a esto no es guardar en secreto las decisiones del Gobierno, sino proteger la integridad del proceso decisorio.

Una inquietud es que no debe desalentarse a los funcionarios de sostener debates francos y libres acerca de cuestiones sobre políticas. El argumento es que los encargados de formular decisiones serán cautos y conservadores si temen que cualquier sugerencia que hagan durante un debate pudiera publicarse posteriormente (y, tal vez, ridiculizarse).

La otra inquietud importante es que los intereses del público podrían estar en riesgo si las decisiones son divulgadas prematuramente.

De nuevo, podría ser un punto válido, pero el mayor peligro es que el proceso decisorio del Gobierno sea demasiado hermético, no demasiado público.

Volver arriba

Información privilegiada por ley

En todos los sistemas jurídicos, determinada información es privilegiada--eso es, no puede divulgarse salvo a aquellos que tienen derecho a esa información de acuerdo con las reglas y la práctica del sistema. En especial, esta abarca información el secreto entre abogado y cliente.

Existen también límites durante los procedimientos judiciales sobre la divulgación de información que pueden influir en el resultado: en muchos sistemas esto se conoce como la norma sub judice. Hay un límite hasta dónde puede cualquier persona divulgar información o hacer observaciones acerca de procedimientos judiciales, como juicios, hasta que éstos concluyan.

Suele abusarse del privilegio legal (en especial la norma sub judice) para limitar las observaciones que pudiera hacer el público, incluso críticas al poder judicial.

Sin embargo, el derecho de toda persona a un juicio justo significa que el privilegio legal, bien interpretado, tiene una importante función en el sistema judicial.

Esta información debe ciertamente excluirse de la máxima divulgación.

Volver arriba

Intereses económicos públicos

Existen determinados tipos de información económica pública que podrían causar daño si se divulgaran en el momento inoportuno.

Éstos deben protegerse a fin de permitir al Gobierno gestionar la economía. Por ejemplo, especuladores podrían emplear información preliminar acerca de un cambio en las tasas de interés o los tipos de cambio para causar daños a la moneda. Para estos casos limitados, parecería razonable limitar o restringir el acceso público a esta información.

Además, los organismos comerciales públicos cubiertos por una ley de acceso a la información deberían contar con la misma protección que sus colegas privados contra la divulgación de información que vulnerase su capacidad de competir.

Volver arriba

Seguridad nacional

Éste es sin duda el sector más polémico relacionado con la divulgación de información.

ARTICLE 19 consideraba que esta cuestión de la seguridad nacional y la libertad de información era tan importante que en 1995 convocó una reunión de expertos internacionales, junto con el Centro de Estudios Jurídicos aplicados de la Universidad del Witwatersrand.

Estos expertos elaboraron los Principios de Johannesburgo sobre seguridad nacional, libertad de expresión y acceso a la información

Los Principios de Johannesburgo han sido ratificados por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de de Expresión, aunque desgraciadamente esto no significa necesariamente que en la práctica son ampliamente.

Divulgar o no comunicar información

¿Cómo decidimos si la información debe o no divulgarse?

El método que promueven los grupos defensores del acceso a la información en el ámbito internacional es una prueba en tres partes, que también debería aplicarse en todos los casos donde haya dudas acerca de si tendría que divulgarse alguna información:

1. La razón por la cual la información se guarda en secreto debe ser el proteger un número limitado de restricciones legítimas estipuladas en la ley de acceso a la información. Éstas corresponderían a los diferentes fundamentos para hacer una excepción que acabamos de exponer: aplicación de la ley, secreto comercial, seguridad nacional y así sucesivamente.

2. De divulgarse, sería probable que la información causara daños considerables al interés que protege la ley.

3. Incluso si la información se refiere a una de estas restricciones legítimas y puede demostrarse que causa un daño considerable, ¿convendría no obstante al interés público divulgarla?

Es difícil ofrecer una respuesta correcta o incorrecta a estas preguntas en abstracto.

En cada caso, las decisiones dependerán de los hechos pormenorizados y del contexto concreto.

La finalidad de la prueba en tres partes es brindar una forma coherente de hacer estos difíciles juicios, al tiempo que se coloca al interés público como la prioridad máxima.