El derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental.

Diversos términos se emplean para describir el mismo derecho: libertad de información, derecho a la información, derecho a saber y acceso a la información. Todos ellos se refieren a un derecho estratégico clave que puede reclamarse para contribuir a hacer realidad muchos otros derechos humanos.

El acceso a la información suele verse como un derecho elitista, en especial como algo que interesa a los medios de comunicación, o quizás a los investigadores. Es verdad que los medios de comunicación tienen un interés en concreto en obtener un acceso más desahogado a la información oficial.

Sin embargo, la importancia fundamental del acceso a la información reside en que es un derecho que pertenece a todo el mundo. Puede reclamarse en especial como un instrumento en la realización de campañas para la defensa de derechos económicos y sociales.

El acceso a la información puede invocarse para una amplia gama de cuestiones:

• Puede exponer la corrupción, volviendo así al Gobierno y la economía más eficientes.
• Puede revelar la mala gestión de suministros alimentarios, haciendo menos probable alguna escasez.
• Puede exponer peligros ambientales que amenacen la salud y los medios de subsistencia.
• Puede reducir el peligro de las violaciones de los derechos humanos.
• Puede elevar la participación popular en el Gobierno y el desarrollo.

Y así sucesivamente.

El derecho de acceso a la información se basa en el supuesto de que la información en manos de las instituciones públicas es propiedad del público. Los Gobiernos son servidores del pueblo, no sus amos.

El supuesto automático debe ser que la información en su poder está disponible para todo el mundo, como un derecho.

Además, puede haber circunstancias importantes cuando la información en poder de organismos privados también debe estar disponible para el público. Éste sería ciertamente el caso si los servicios públicos fuesen suministrados por empresas privadas: hoy en día, la privatización es un fenómeno ampliamente difundido.

El público debe tener también acceso a la información que obra en poder de organismos privados, como empresas, si ésta fuera necesaria para proteger o hacer valer sus propios derechos.